¡ALERTA NACIONAL e INTERNACIONAL! Ley contra las ONG legaliza la persecución y deja indefensos a los más vulnerables

Provea y Amnistía Internacional advierten que se cierran por completo los espacios cívicos para los venezolanos

Un escándalo nacional e internacional es la consecuencia de la sanción, por parte de la Asamblea Nacional de la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Organizaciones Sociales Sin Fines de Lucro, más conocida como la «Ley contra las ONG».

Organizaciones defensoras de los DD. HH. en Venezuela, como Provea y Acceso a la Justicia y también extranjeras, como Amnistía Internacional (AI), alertaron sobre el peligro de la normativa que «legaliza» la persecución» contra estas entidades y también atenta contra los Derechos Humanos de aquellos ciudadanos vulnerables que reciben algún tipo de asistencia.

La ONG Provea, a través de sus redes sociales, alertó que esta norma «legaliza la persecución hacia la sociedad civil que ha denunciado los abusos y acompañado a miles de víctimas en estos tiempos oscuros para la historia del país».

Se trata de «un golpe que busca finalmente controlar hasta el más mínimo ámbito de la vida de las personas y el país. Violentando la independencia fundamental de la sociedad civil y amenazando con disoluciones y multas millonarias hacia las ONG que ya estamos consolidadas y cumplimos decenas de leyes e impuestos».

La organización que lleva décadas en la defensa de los DD. HH. en el país, alertó «a la comunidad internacional sobre esta Ley que profundizará la persecución a las voces disidentes y silenciará el espacio cívico que ha resistido los ataques de las más altas autoridades del gobierno de Nicolás Maduro».

Asimismo, Oscar Murillo, también integrante de Provea, dijo que «la ley anti ONG formaliza la persecución a las organizaciones de la sociedad civil venezolanas y su aprobación responde a la naturaleza de un régimen político que busca controlar hasta el más mínimo ámbito de la vida de las personas y del país».

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Una ley para el castigo

Por su parte, Amnistía Internacional, a través de un comunicado, advirtió que la normativa tiene «la intención de seguir castigando a las organizaciones de derechos humanos y a la sociedad civil en el país».

Al respecto, Ana Piquer, directora para las Américas de AI, dijo:

“La ‘ley anti-ONG’, que viola flagrantemente los derechos de asociación y participación en asuntos públicos, entre otros, es una nueva arremetida del gobierno de Nicolás Maduro contra quienes luchan por los derechos humanos en Venezuela. La aprobación de esta ley pone en riesgo la existencia y funcionamiento de las organizaciones comunitarias, humanitarias y de derechos humanos con artículos ambiguos que servirían de base para sancionarlas de forma desproporcionada y hasta arbitrariamente ilegalizarlas de forma masiva».

«Es evidente que esta ley, como otras que buscan asfixiar el espacio cívico, forma parte de la política de represión de las autoridades venezolanas que pretende callar a quienes vienen denunciando desde hace años las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y tortura sistemáticas por parte del gobierno, y que hoy más que nunca son vitales para documentar los crímenes de derecho internacional que se están cometiendo en la actualidad», agregó.

Destaca que «en la presente crisis postelectoral, las organizaciones de derechos humanos han liderado la denuncia de las decenas de muertes y miles de detenciones arbitrarias de manifestantes y activistas críticos al gobierno de Nicolás Maduro, y han seguido prestando ayuda humanitaria y acompañamiento comunitario en zonas de alta vulnerabilidad».

Para que no acompañen a las víctimas

Asimismo, Amnistía Internacional alerta que «la pretensión, con la aprobación de esta ley, es impedir que la sociedad civil venezolana siga acompañando a las víctimas, prestando asistencia que las autoridades no son capaces de satisfacer y denunciando la crisis humanitaria compleja en la que está sumida el país, así como los posibles crímenes de lesa humanidad orquestados por el gobierno de Nicolás Maduro».

Lamenta que «la ley se suma a los mecanismos de persecución política que ya investiga el Fiscal de la Corte Penal Internacional”