FUTURO INCIERTO: migrantes deportados a Panamá permanecen encerrados en un campamento en la jungla

Más de 100 solicitantes de asilo de todo el mundo enviados a Panamá desde Estados Unidos no saben cuánto tiempo permanecerán retenidos ni adónde podrían ser enviados finalmente

The New York Times tuvo acceso a un campamento de migrantes ubicado a unos kilóemtrosde la capital panameña, en la selva, donde no se tenía permtido el acceso a periodistas. A continuación reproducimos el trabajo completo, donde se evidencia que la incertidumbre rodea a estos migrantes que prácticamente están en un centro de detención

El campamento está ubicado a cuatro horas de la capital de Panamá, y se llega por una carretera llena de baches y, a menudo, solitaria. Es una zona localizada al borde de la peligrosa selva del Darién.

Desde hace más de una semana, acoge a más de 100 solicitantes de asilo de todo el mundo. Rodeados de vallas y guardias armados, duermen en catres o duros bancos.

Se ha prohibido la entrada a periodistas, los abogados dicen que se les ha impedido hablar con sus clientes y es el gobierno el que está al mando, no los grupos de ayuda internacional que, según las autoridades panameñas, son los que organizan la operación.

Los migrantes forman parte de los varios centenares de personas que llegaron en las últimas semanas a la frontera sur de Estados Unidos, con la esperanza de solicitar asilo en el país, y fueron deportados rápidamente a Centroamérica.

Desde entonces, se han convertido en casos de prueba en el esfuerzo del gobierno de Donald Trump por enviar a otros países a algunas de las personas más difíciles de deportar. De las aproximadamente 300 personas enviadas a Panamá, más de la mitad han aceptado ser repatriadas, según el presidente Raúl Mulino.

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Muy peligroso

Otros 112 han dicho que para ellos es demasiado peligroso regresar a sus países o que carecen de documentación que les permita hacerlo. Ahora se encuentran en el campamento cerca de la selva sin saber cuánto tiempo estarán retenidos ni adónde los enviarán después.

Aunque su número es pequeño, sus casos resaltan a la tensión entre los objetivos del gobierno de Estados Unidos de expulsar a un gran número de migrantes y los límites de los países latinoamericanos que trabajan para facilitar esas ambiciones, bajo la enorme presión del presidente Trump.

No es fácil

Panamá, al igual que Estados Unidos, no puede deportar fácilmente a personas a lugares como Afganistán e Irán, a menudo porque esos países se niegan a readmitir a sus ciudadanos.

Entre las personas atrapadas en el campamento hay al menos ocho niños, así como mujeres que huyen de los talibanes en Afganistán y cristianos conversos que huyen del gobierno en Irán. Ninguno ha sido acusado de delitos, según funcionarios panameños.

En el interior del campamento, unas pocas personas aún tienen acceso a teléfonos móviles y han podido comunicarse con The New York Times.

“Les dijimos: nos están tratando como a prisioneros”, dijo Sahar Bidman, de 33 años, iraní y madre de dos hijos. “Cuando quiero llevar a mis hijos a la ducha nos escoltan”.

Mientras las autoridades panameñas se esfuerzan por averiguar qué hacer con este grupo, se han enfrentado a crecientes críticas de abogados y activistas de derechos humanos.

Personas migrantes cargaban sus teléfonos en el campamento de San Vicente en 2022, cuando se dirigían hacia el norte intentando llegar a Estados Unidos. Ahora se ha iniciado un flujo inverso.

Gehad Madi, relator especial de las Naciones Unidas a quien se le permitió visitar el campamento en los últimos días, hizo una crítica mordaz. Lo calificó de “centro de detención” y dijo estar “extremadamente preocupado” por la base jurídica para retener a los migrantes.

Una petición de habeas corpus presentada por un abogado panameño ante la Corte Suprema del país afirma que el internamiento del grupo es ilegal.

Mulino dijo a los periodistas el jueves que los migrantes del campamento, llamado San Vicente, estaban a la espera de documentación, de la que algunos carecían y que necesitarían para viajar. No explicó cómo pensaba el gobierno deportar a las personas, ni dijo si les ofrecería asilo en Panamá o les facilitaría el paso a otro país dispuesto a acogerlos.

A la pregunta de por qué no se había permitido a los detenidos hablar con abogados, respondió: “No lo sé”.