Volker Türk alerta en Consejo de DD.HH. de la ONU el «aumento de las restricciones del espacio cívico» en Venezuela
La oficina documentó la detención arbitraria de 10 periodistas, además de la cancelación arbitraria de pasaportes
El alto comisionado para los DD. HH. de la ONU, Volker Türk, presentó este viernes la actualización de su informe sobre la situación de Venezuela y destacó, entre otros aspectos, el aumento a las restricciones del espacio cívico.
«El ACNUDH observó un aumento de las restricciones del espacio cívico, incluida la criminalización y la detención arbitraria de voces consideradas disidentes… así como otras limitaciones de las libertades de expresión y opinión», dijo Turk en su intervención.
Reiteró su preocupación por la concentración de medios en manos del Estado o de sectores aliados al oficialismo.
Destaca el uso de normativas como la Ley contra el Odio, y que la «legislación relativa al odio y la coexistencia pacífica carece de precisión en su definición de lo que constituye incitación al odio, y que no debe utilizarse para limitar la libertad de expresión».
La oficina documentó la detención arbitraria de 10 periodistas, además de la cancelación arbitraria de pasaportes.
«Muchos periodistas ejercen bajo amenazas, autocensura o en el exilio», lo que se describe como «restricciones indebidas al derecho a la libertad de expresión».
También resaltó los «nuevos cierres de emisoras de radio, detenciones y desapariciones forzadas de periodistas y trabajadores de los medios de comunicación, o la restricción del acceso a sitios web».
Detenidos en EE. UU.
En su intervención se refirió específicamente a las deportaciones de venezolanos por parte de EE. UU.
«Hago un llamado a EE. UU. para que respete el debido proceso, para salvaguardar los derechos de los niños y poner fin a la expulsión de cualquier persona a países donde se corre un riesgo de sufrir un daño irreparable»», expresó el funcionario.
La oficina de Volker Türk evaluó la situación del país desde el 1 de mayo de 2024 al 30 de abril de 2025 y destacó que hay «un deterioro en el respeto de los derechos humanos, especialmente después de las elecciones presidenciales del 28 de julio».
Denunció que en el país persisten las “detenciones arbitrarias, violaciones al debido proceso, desapariciones forzadas, torturas y malos tratos”.
Detalló que su oficina ha documentado 32 personas que han sido sometidas a torturas y malos tratos, y que 15 de estas, eran adolescentes.
También destacó que 28 fueron sometidas a desaparición forzada.
Alertó sobre uso de ley antiterrorista para criminalizar a opositores, defensores, ONG pro derechos humanos y humanitarias.
Advirtió que el uso del término “terrorismo” se ha expandido para justificar persecución, sin el debido proceso, y expresó su preocupación por que «se niegue la atención médica o el acceso al agua y la alimentación» a los detenidos.
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“La legislación y su aplicación son contrarias a normas internacionales”, lamentó.
Asimismo, se refirió a la situación que enfrentan las mujeres y la comunidad LGBT en el país y al respecto alertó que ambos sectores sufren discriminación.
Y en especial, sobre la comunidad LGBT, Türk alertó que hay delitos de odio y discriminación.
Situación económica y social
En el informe, el alto comisionado mencionó la crisis económica y social de Venezuela.
Destacó que el fin de las operaciones de Chevron empeoró los problemas de la nación. «Los venezolanos notan el impacto de esta decisión que ha contribuido a la inflación», enfatizó.
Resaltó que el Gobierno de Nicolás Maduro mantiene congelado el salario mínimo en Bs. 130 desde marzo de 2022, con lo que se compra solo «la mitad de una caja de huevos».
Igualmente, habló acerca de la crisis de la educación, especialmente con asistencia irregular de los estudiantes por la falta de profesores.
Asimismo, reportó los problemas en el sector público de salud y al respecto denunció que en 91 % de los hospitales, los pacientes deben llevar sus medicamentos e insumos para ser operados, porque los centros no los tienen.
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